Territorialidades rurales e Interculturalidad: Estado y autonomías territoriales

Colombia
Publicado el:
13 de Febrero del 2014
Autor(es):
Gabriel Tobón y Juan G. Ferro

Territorialidades rurales e Interculturalidad: Estado y autonomías territoriales

En esta mesa se trataron los temas relacionados con el papel del Estado a través de sus políticas públicas y las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo con las comunidades rurales, respecto a la reorganización de la agricultura y la relocalización de las agroindustrias. Igualmente se abordaron los temas de la autonomía territorial, tanto desde las formas particulares de resistencia como desde los derechos establecidos.

La discusión contó con la participación de cuatro investigadores y académicos, Darío Fajardo Montaña, Yamile Salinas, Juan Guillermo Ferro y Gabriel Tobón y dos líderes comunitarios, Enrique Márquez y Wilson Murillo. Estos últimos presentaron las experiencias de San Basilio de Palenque y de Asocasan.

En primer lugar, se estableció el vínculo entre los procesos de globalización de las economías y su incidencia en los planes de desarrollo de cada país. Particularmente se discutieron los cambios y prioridades que los gobiernos dan a los procesos agrarios, y a la nueva manera de explotar los recursos naturales en un contexto de crisis financiera y energética del capitalismo en los países desarrollados y sus efectos sobre el resto del mundo.

Con respecto al mundo y a las comunidades rurales, se enfatizó que es importante tener en cuenta la historia agraria para entender los actuales procesos de reorganización de la agricultura en Colombia y como parte de esta, la relocalización de las compañías multinacionales y de los sistemas productivos agrarios.

La reorganización de la agricultura se expresa con el establecimiento de cultivos de tardío rendimiento como la palma aceitera, y el cambio de vocación en el uso de los suelos agrícolas por explotaciones de hidrocarburos y minerales, lo que trae como consecuencia la ocupación de territorios y espacios rurales desplazando a las comunidades, vulnerando su autonomía, y en algunos casos sacrificando la vida de pueblos y pobladores rurales, muchas veces mediante el uso de la violencia y del despojo de sus tierras y espacios de vida.

A su vez, la relocalización de las empresas agroindustriales no es un fenómeno nuevo pues se viene presentando desde el siglo XVIII. Un ejemplo de esto fue el caso del establecimiento del cultivo de caña de azúcar y la producción de ron en Cuba y otros países del Caribe. En estos casos, el imperio norteamericano impuso este tipo de sistemas productivos cambiando completamente los términos, los usos del suelo y las lógicas productivas de sus pueblos al obligarlos a producir lo que el capitalismo agrario necesitaba, apropiándose así del trabajo, los recursos, la tierra y el territorio de indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Desde lo antes dicho, deberíamos explicarnos en Colombia, la orientación que tiene el actual Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Juan Manuel Santos, basado en la estrategia de las “Locomotoras del desarrollo” de las cuales nos interesa destacar las “locomotoras agrícola y minera”.

Estas dos “locomotoras” favorecen y facilitan los intereses y la presencia del capital internacional y sus empresas, convirtiéndose en una de las principales amenazas a la autonomía, la vida y la existencia de las comunidades rurales indígenas, afros y campesinas. Esta situación se explica por las grandes y ventajosas concesiones que el Estado le ha otorgado a estas multinacionales: en unos casos, para que exploten los hidrocarburos y minerales de nuestro subsuelo, y en otros, para que establezcan cultivos como palma aceitera, caña y maíz con el objeto de producir agrocombustibles.

En Colombia, este proceso de reorganización de la producción agrícola y de relocalización de las empresas multinacionales tiene dos consecuencias:

La primera, es que se ha dado en medio de uno de los peores fangos representados por el horror de la guerra contra nuestros campesinos, afrodescendientes e indígenas a diferencia de los proceso de transformación vividos por otros países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia. Estas naciones, aún en medio de tensiones y conflictos, no han tenido los procesos de guerra y violencia política que si se han vivido en Colombia, en donde los afrodescendientes deben defender sus territorios colectivos, los indígenas sus resguardos y los campesinos esa bella figura de las Zonas de Reserva Campesina.

Y la segunda, ha implicado un nuevo proceso de reprimarización de la economía nacional, caracterizado por la codicia y la explotación irracional de los recursos naturales que están desarrollando las multinacionales en nuestro país, que es quizá el mayor patrimonio y riqueza nacional que tenemos los colombianos para pensar en un desarrollo alternativo basado en ellos conservando la importante biodiversidad que nos sitúa como país en los primeros lugares del planeta, y no arrasando con ella como va a suceder con estas dos descarriladas locomotoras.

Frente a este punto, y analizando las formas de autonomía empleadas por los diversos actores rurales, se discutió para el caso de Asocasan que el problema actual es cómo enfrentar las amenazas provenientes de los proyectos de gran minería. Se recordó cómo esta región era anteriormente de reserva nacional y no se presentaban esos problemas. El territorio está siendo violentado y su apuesta apunta a que el conflicto no resulte en violencia porque en la región se es enemigo de ella. El reconocimiento de su autonomía por parte de otros entes territoriales se ha logrado por el alto nivel de apropiación del territorio de sus habitantes, y por la participación de ellos en las decisiones y procesos de planeación del etnodesarrollo de sus territorios con base en sus necesidades, iniciativas, lógicas y proyecciones. De esta forma, las autoridades de los otros entes territoriales han tenido que reconocer a aquellas elegidas por los afrodescendientes como autoridades con funciones y competencias para ordenar y administrar sus territorios con base en su propio derecho y en el carácter ancestral de sus tierras.

En el caso de Palenque la resistencia al modelo ha sido la conformación de la guardia cimarrona, el trabajo con líderes y la conformación de consejos de mayores y de redes de jóvenes y de mujeres que han ido consolidando la resistencia a las amenazas al territorio, como es el caso de la expansión de la palma aceitera (no africana). En el caso de la guardia cimarrona se planteó que esta se guía por los saberes ancestrales propios, y desde esta óptica es la autoridad que garantiza, mantiene y restablece el orden interno bajo la orientación del consejo comunitario y de los mayores. Es una entidad que vela por el cumplimiento de las leyes comunitarias, la seguridad del patrimonio cultural, y además vigila y controla las áreas protegidas del territorio ancestral. En últimas, se dice que sin la guardia cimarrona los controles para mantener el territorio ancestral se ponen en riesgo.

Otra forma de resistencia campesina y de construcción de autonomía discutida fueron las Zonas de Reserva Campesina. En general, hay una preocupación por la verdadera intención de éstas en los lugares donde se adelanten los programas de consolidación. Aquí el problema es que se quiera utilizar a las ZRC como reservorio de mano de obra al estilo de las aldeas estratégicas implementadas en otras partes del mundo, la ocasionando la pérdida de autonomía para los campesinos. En Montes de María por ejemplo es importante considerar la voluntad de los campesinos: si quieren propiedad colectiva o individual, y si aceptan quedar en las zonas altas o no. En todo caso la política del actual gobierno es contradictoria con respecto a la naturaleza y las funciones que la Ley 160 de 1994 le señaló a las ZRC, puesto que las impulsa como un elemento más dentro de la lógica de la producción agroindustrial de los agronegocios de la palma aceitera, y deja de lado la desconcentración de la tierra y la defensa de la economía campesina que es el elemento fundamental de esta figura. En ese sentido, el gobierno pretende declarar ZRC dentro de las Zonas de Desarrollo Empresarial para fomentar las denominadas alianzas productivas cuando la Ley 160 explícitamente lo prohíbe.

Finalmente, otra forma de resistencia en la que se insistió fue la que podríamos llamar resistencia jurídica. Se dijo que es importante la lucha para que las leyes de gran impacto se caigan no por los vicios de forma, como la violación al derecho a la consulta, sino por problemas de fondo pues es el propio modelo de desarrollo el responsable de poner en riesgo a los grupos étnicos. El modelo de desarrollo al parecer va en contra del espíritu garantista de los derechos que tiene la Constitución, y por eso es importante el punto de cómo conciliar los intereses del desarrollo con los intereses de las comunidades étnicas. Y es en este campo en que la academia puede contribuir desarrollando los conceptos de la Consulta Previa Libre e Informada –CPLI- y de la participación en beneficio 

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Recursos Naturales:
Tierras
Temas:
Derechos
Extraído de:
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos

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